Durante la presentación de la Agenda Socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, coordinado por Leticia Merino y Cecilia Navarro, editada por la UNAM, en la que participaron expertos de diez centros de estudios de la máxima casa de estudios, así como CartoCrítica, el Instituto de Ecología de Veracruz y otras instituciones.
Alrededor del 80 por ciento del presupuesto ambiental se destina a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “a pesar de su notoria corrupción y sometimiento a los intereses de los grandes concesionarios acaparadores del agua; no se le tocó ni con el pétalo de una rosa” durante la actual administración. Tan sólo en el Valle de México, la dependencia ha evitado tomar medidas ante el huachicoleo de agua del sistema Lerma, las irregularidades en las concesiones agrícolas e inmobiliarias y en prevenir fugas, a pesar de que con todo ello recuperaría 16 mil litros por segundo.
Esto señala la Agenda Socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, coordinado por Leticia Merino y Cecilia Navarro, editada por la UNAM, en la que participaron expertos de diez centros de estudios de la máxima casa de estudios, así como CartoCrítica, el Instituto de Ecología de Veracruz y otras instituciones.
Advierte que el cumplimiento del Plan Hídrico de este gobierno, que establece garantizar el derecho humano al agua, reducir la vulnerabulidad de la población ante inundaciones y sequías, entre otros puntos, no se cumplió. Fue obstaculizado por “grupos favorables a los intereses corporativos enquistados en la Conagua”.
Agrega que en esa dependencia se opusieron al establecimiento de la Ley General de Aguas centrada en el derecho humano al líquido y al saneamiento, “al interior de la Conagua estos grupos bloquearon los cambios estructurales necesarios en temas como: el acceso a la información; la transparencia en el sistema de concesiones y la mejora regulatoria; así como los procesos de democratización que se esperaban”.
Sumado a ello, “la Conagua está fomentando el pánico entre la población con su anuncio del ‘Día Cero’ con la finalidad de lograr la aprobación presidencial de un gran trasvase transexenal, dejando de lado propuestas más rápidas o de costo-efectivas que permitan el ahorro de agua, su ordenamiento de uso y regeneración”, señala.
El documento indica que los intentos por modificar la Ley de Aguas Nacionales y la Ley Minera de 1992 muestran que “la movilización ciudadana e incluso la voluntad de transformación de algunos actores políticos, enfrentan poderosos obstáculos dentro y fuera del aparato estatal. Con enorme resistencia al cambio, los corporativos, sus accionistas y CEOs logran someter a las instituciones, y mantener el estado de las cosas favorables a sus intereses; resultando en legislaciones laxas y a modo para los intereses privados, discusiones sobre mejoras regulatorias que se alargan por años, narrativas falsas que se afianzan en los imaginarios públicos, ocultamiento de información sobre los daños a la salud y el ambiente de ciertas actividades”.
Refiere que las instituciones ambientales se han debilitado con los drásticos recortes a sus presupuestos, que comprometen seriamente sus capacidades para cumplir con las funciones de gestión, protección y conservación ambiental y de promoción de usos sustentables de los bienes naturales.
Los casos más extremos son los de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), instituciones a las que la reducción presupuestal y de personal ha llevado al límite de la inoperancia y casi nula presencia en campo, indica el documento.
“Se ha producido un fenómeno social de gravedad mayúscula: el avance del control de los territorios por parte de la delincuencia organizada. En distintas regiones del país, el vacío que ha dejado el retiro de las instituciones de gobierno ha sido llenado por ‘gobiernos criminales paralelos’ que se han apropiado de la extracción forestal, se dedican a la agricultura de exportación y favorecen la destrucción de las áreas forestales periurbanas promoviendo el crecimiento urbano irregular. Estos procesos no solo atentan contra la vida comunitaria, sino que socavan el cuidado y conservación de los bienes naturales, señala.
Indica que “casi todos los grupos ambientalistas y comunidades con proyectos de manejo territorial sustentable fueron colocados en el ‘mismo saco’ que los intereses privados, fueron tratados con recelo y desconfianza, en algunos casos fueron estigmatizados”.
“El ‘programa ambiental’ preferido del régimen consistió en reforestar masivamente y entregar subsidios individuales, desconociendo la historia de acción colectiva en la preservación de los bienes naturales, su carácter de bienes comunes y la necesidad de proteger y manejar localmente los insustituibles e invaluables ecosistemas existentes”, refiere. Estos son retos que enfrentará la próxima administración.
