Ante los desafíos económicos que enfrenta Sinaloa, particularmente vinculados a la inseguridad, el fortalecimiento de los marcos regulatorios representa una vía estratégica para fomentar la inversión, dinamizar la economía y generar empleo. Así lo subrayó Julio César Silvas Inzunza, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, quien hizo un llamado claro a que el Estado y los municipios prioricen la mejora regulatoria como motor de crecimiento.
Silvas expuso que persisten trámites administrativos que pueden tardar hasta cuatro años en resolverse. Esta lentitud, sumada al colapso de instancias como el Tribunal de Justicia, obliga a recurrir a mecanismos como el amparo, lo cual representa un alto costo para los microempresarios. Señaló que el sistema legal debe ser “pronto y expedito”, en especial para quienes emprenden bajo condiciones de alta vulnerabilidad.
“La mejora regulatoria es uno de los principales retos que enfrentamos como país y como estado”, expresó. En Sinaloa, los procedimientos para permisos de uso de suelo y construcción siguen siendo particularmente lentos, y todavía existe resistencia institucional para agilizar trámites con eficiencia y transparencia.
Asimismo, destacó que esta coyuntura abre una ventana de oportunidad para los 15 ayuntamientos que se encuentran en situación de extrema pobreza, especialmente considerando que en Culiacán, Mazatlán, Ahome, Salvador Alvarado y Guasave se concentra el 84% de las empresas y el 89% del empleo formal en el estado.
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