A pesar de tres décadas de evolución tecnológica, la pandemia por COVID-19 evidenció el rezago digital de los gobiernos en México. Según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una persona realiza hasta 486 trámites a lo largo de su vida, de los cuales el 85% son estatales o municipales. Esto representa una pérdida significativa de tiempo y dinero para la ciudadanía.
El INEGI reporta que casi la mitad de los adultos mexicanos interactuaron con alguna dependencia gubernamental en 2023, pero el acceso digital sigue siendo limitado. Las causas incluyen falta de presupuesto, escasa infraestructura tecnológica, y una gran disparidad normativa entre municipios y estados.
Crystel Arellano, directora de simplificación administrativa, destaca que no todos los gobiernos locales tienen las mismas capacidades técnicas, lo que genera desigualdad en el acceso a servicios digitales. Por su parte, Pablo Fuentes Netel, consultor en transformación digital, señala que la ciudadanía exige servicios públicos más ágiles y transparentes, similares a los del sector privado, pero la fragmentación institucional dificulta la coordinación.
La digitalización no es solo una cuestión técnica: es una necesidad urgente para mejorar la relación entre gobierno y ciudadanía, reducir cargas administrativas y garantizar equidad en el acceso a trámites esenciales.
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