La Comisión Nacional de Energía (CNE) presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) un proyecto de acuerdo que establece los requisitos para obtener el permiso de generación eléctrica bajo la figura de autoconsumo interconectado, aplicable a centrales con capacidades entre 0.7 y 20 megawatts (MW).
Este nuevo trámite, actualmente en consulta pública, busca impulsar proyectos de generación distribuida mediana, brindar certeza jurídica a los inversionistas y alinearse con la política energética y de mejora regulatoria del gobierno federal.
Entre los requisitos contemplados se incluyen:
- Formato único de solicitud.
- Datos generales y ubicación georreferenciada de la central.
- Tipo de tecnología, combustible (si aplica) y capacidad instalada.
- Esquema de financiamiento y plan de negocios.
- Estudio de impacto del CENACE y manifestación de impacto social.
- Diagrama unifilar del punto de interconexión.
- Programa simplificado de obras y fecha estimada de operación.
- Estados financieros de los últimos dos años y experiencia técnica.
- Acreditación de personalidad jurídica y representación legal.
- Especificación de respaldo energético (propio o contratado) en caso de generación intermitente.
El objetivo es permitir que los proyectos abastezcan directamente las necesidades energéticas del usuario, sin depender del esquema tradicional de suministro básico o calificado, promoviendo la eficiencia operativa y reduciendo la presión sobre la red nacional.
El acuerdo entrará en vigor una vez que se publiquen los Reglamentos de la Ley del Sector Eléctrico y de la Ley de Planeación y Transición Energética. Además, la CNE deberá:
- Inscribir el trámite en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios.
- Publicar el formato autorizado en su portal y en el Diario Oficial de la Federación.
- Realizar una revisión anual del trámite y ajustar los sistemas administrativos necesarios.
- Emitir modelos contractuales, metodologías y bases tarifarias aplicables.
Este proyecto representa el segundo gran instrumento regulatorio impulsado por la CNE desde su creación en marzo de 2025, tras asumir las funciones de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE).
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