Persiste la preocupación que las municipalidades sigan las prácticas del gobierno central de ocultar información pública, eliminar los espacios de rendición de cuentas, y abusar de los mecanismos de contratación pública.
La Ley Especial para la Reestructuración Municipal será efectiva completamente a partir del 1 de mayo de este año, y luego de los resultados electorales donde se eligió a todas las autoridades de las nuevas municipalidades, persisten dudas sobre cómo se pretende lograr los objetivos planteados durante la aprobación de esta ley que reformó la administración del Estado a nivel municipal.
En junio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó esta ley en un breve espacio de tiempo. La discusión legislativa consistió en la consulta de únicamente instituciones públicas, y el desaire a las observaciones de instituciones ajenas al partido gobernante. La ley desarrolla la nueva organización territorial, así como contempla la sucesión a favor de los nuevos municipios, en los cuales queden incorporados como distritos los anteriores municipios, en materia procesal, administrativa y financiera.
Si bien el proceso legislativo resaltó como beneficios la disminución de casos de corrupción y una mayor eficiencia de los recursos municipales al reducir la burocracia y agilizar la coordinación de planes de desarrollo, aún persisten dudas e inquietudes sobre distintos temas que es urgente abordar en las próximas semanas, por mencionar algunos aspectos:
Primero. Un visible problema es la inminente antinomia y dispersión normativa de las ordenanzas, puesto que, a partir de las diversas normativas actuales dentro de los municipios existirán diferentes regulaciones para cada distrito. Esta situación afectará las tasas, licencias, contravenciones ciudadanas, servicios, etcétera. El análisis regulatorio debe ser una prioridad para las nuevas autoridades, y el gobierno central, a partir del Organismo de Mejora Regulatoria, podría brindar colaboración y apoyo estratégico.
Segundo. En el ámbito de políticas de desarrollo locales no se han creado lineamientos ni estrategias de coordinación. Por ejemplo, se desconoce el destino de las 24 asociaciones de municipios, microrregiones y mancomunidades distribuidas a nivel nacional que poseen personal técnico y brindan servicios en operación. Tampoco se ha definido una estrategia de coordinación entre los distritos para alcanzar los fines estipulados en la ley, por ejemplo: ¿cómo alinear los servicios de seguridad municipal en un municipio que posee distintas infracciones contravencionales? Más allá de fomentar la coordinación con la Dirección de Obras Municipales, se ha dejado esta tarea a las nuevas municipalidades; por tanto, sin un acompañamiento, se prevé un impacto negativo a la calidad de los servicios municipales durante los primeros meses de las nuevas gestaciones.
Tercero. Esta reforma tampoco garantiza inmediatamente la prevención de casos de corrupción a nivel municipal. Persiste la preocupación que las municipalidades sigan las prácticas del gobierno central de ocultar información pública, eliminar los espacios de rendición de cuentas, y abusar de los mecanismos de contratación pública. Ni la Ley, ni las instituciones de control, han estipulado nuevos mecanismos que aseguren un resultado diferente para el destino de los fondos públicos.
El 1 de mayo inicia una nueva realidad institucional a nivel municipal, y se invita a las autoridades a actuar de forma ágil y organizada para brindar servicios públicos acorde al estándar deseado por la ciudadanía. Abordar los desafíos señalados es relevante para recuperar la dañada legitimidad de estas autoridades, a partir del alto nivel de ausentismo electoral y los continuos cuestionamientos a las municipalidades. Es urgente aprovechar estas próximas 6 semanas para una planeación estratégica que aborde estos desafíos y llevar a cabo una transición ordenada.
