A los pocos días de asumir el cargo, el presidente argentino Javier Milei decretó una política de desregulación económica para todo el país. “Se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”, señala el decreto de necesidad y urgencia N° 70/2023. Este deja sin efecto “todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.
La desregulación emprendida por la nación albiceleste debe entenderse dentro del amplio concepto de la mejora regulatoria (better regulation). Un paradigma normativo especialmente seguido en Europa y todo el club de países desarrollados. Consiste en el proceso continuo y sistemático de aumentar la calidad y efectividad de las regulaciones, disminuyendo las cargas innecesarias. Vemos que la mejora regulatoria adopta distintas formas o modalidades, incluidas la desregulación económica, la simplificación regulatoria y la creación de nueva regulación, entre otras expresiones.
En primer lugar, la desregulación económica. Esta pretende eliminar los regímenes jurídicos que organizan una industria o un sector específico, replegando la intervención gubernamental. Lo hace para fomentar la competencia, reducir costos para las empresas y permitir un mayor dinamismo del mercado de bienes y servicios. El liberalismo económico, que desconfía profundamente del Estado, aplaude la desregulación con evidente entusiasmo.
En segundo lugar, la simplificación regulatoria. Involucra revisar y modificar las reglamentaciones existentes para hacerlas más claras, eficientes y menos onerosas. Ella adelgaza las cargas administrativas, pero mantiene las normativas esenciales. La simplificación regulatoria, quizá por ser una estrategia “friendly” con el papel del Estado en la economía, es mirada como una política de “buen gusto” en los países de la OCDE.
En tercer lugar, la creación de nueva regulación. Supone la producción de nueva normativa sobre una actividad o sector económico, pero bajo estándares de calidad, eficiencia y de intervención en la medida de lo justo y necesario. Es que hay veces que los países deben diseñar reglas para realidades que antes no existían, como sucede con la regulación de los mercados digitales y los sistemas de Inteligencia Artificial.
Las tres versiones para mejorar la regulación van, con frecuencia, combinadas en un mismo plato, ya que comparten objetivos comunes. Estos apuntan a que las regulaciones sean flexibles, adaptables y basadas en evidencia para responder ágilmente al cambio económico y tecnológico. En pocas palabras, no se trata de tener mayor o menor regulación, sino un mejor marco regulatorio. Que, por su calidad y eficiencia, la normativa rasque donde pica. No que ande dando palos de ciego.
La mejora regulatoria es un desafío pendiente en el entorno telco, al menos en el chileno. Desde luego, supone racionalizar las barreras administrativas para la entrada al mercado, ya sea mediante una autorización única para todos los servicios o un registro único de operadores. Asimismo, implica equilibrar la regulación aplicable a los servicios tradicionales (telefonía y mensajería) respecto de las comunicaciones digitales (Skype, WhatsApp, Telegram, etc.).
Igualmente, la simplificación regulatoria conlleva el término de la tarificación de ciertas prestaciones hoy afectas a fijación de precios. También, puede incluir la eliminación de normas sobre calidad de servicio para entregar su modulación final al mercado (velocidades mínimas de Internet, etc.). En fin, supone una redefinición del papel de la autoridad responsable, abandonando el paradigma regulatorio del comando y control. En su reemplazo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) podría adoptar un modelo de supervisión basada en riesgo, mediante el cual prioriza la fiscalización de la competencia y del derecho de los usuarios, así como la eficacia del sistema sancionatorio.
La simplificación regulatoria del sector telco es una aliada de la transformación digital. El entorno tecnológico cambia tan rápido que mantener un set de reglas actualizado resulta imposible. Por ello, es encomiable un diseño autorizatorio amplio y general (concesión única, registro, habilitación general, etc.) que sea capaz de subsumir los nuevos servicios de conectividad que hacen su entrada al mercado. Entre ellos, los servicios IoT, las comunicaciones ultra-fiables de baja latencia, la traducción de voz en tiempo real y tantos servicios de aplicaciones sobre Internet. Estos productos de la industria telco son cruciales para la industria 4.0, la economía digital, las smart cities, la domótica, la agricultura inteligente y otras innovaciones.
Ahora bien, un excesivo adelgazamiento del tejido normativo tiene sus riesgos, como todo en la vida. La disminución del fardo de reglas puede causar la concentración del mercado, sobre todo en industrias con tendencia congénita al monopolio natural. También es factible que se resienta la calidad de los servicios en los mercados imperfectos, por cuanto se eliminan los estándares que aseguran un piso mínimo. Igualmente, la reducción normativa puede generar espacios para la desprotección de la parte más débil en una relación de consumo. Por ello, la gradualidad y la evaluación posterior de las reformas son claves para una buena política de mejora normativa.
En el mundo civilizado, la mejora regulatoria está de moda y Chile no quiso estar out. “La regulación actual tiende a asfixiar a la industria”, ha dicho fuerte y claro, sin anestesia, el jefe del mismísimo ente regulador (Subtel). Por lo mismo, el gobierno anunció para el próximo semestre una reforma al régimen autorizatorio de telecomunicaciones. Esta buscaría reemplazar el actual modelo divergente, con múltiples concesiones según cada tipo de servicio, por un esquema de tonos más cercanos a la convergencia tecnológica. Este trazado supondrá crear un registro de operadores, así como un sistema de concesiones y licencias únicas, que permita autorizar automáticamente gran parte de la oferta de conectividad. Al menos por la intención (no quiero pecar de optimista), acá tendríamos un caso de simplificación regulatoria.
Como estamos generosos, la Subtel busca acotar la exigencia de certificación de los equipos radioeléctricos de onda corta, manteniendo su obligatoriedad sólo para dispositivos médicos. La idea es que los fabricantes e importadores verifiquen directamente, por ellos mismos, el cumplimiento de la normativa, añadiendo a la caja o envoltorio un código QR que acredita tal observancia. Aquí vemos un claro ejemplo de política desreguladora que impulsa la autoridad. Parecido a lo que hace Javier Milei allende la cordillera de Los Andes.
En fin, el Congreso chileno también se encuentra tramitando una ley marco de autorizaciones sectoriales, que destrabe los cuellos de botella administrativos que sufren los proyectos de inversión. La iniciativa de ley busca homologar los requisitos y procedimientos de los permisos requeridos para la actividad industrial, quitándoles burocracia, trámites y demoras. En varios casos la autorización se reemplaza por técnicas habilitantes alternativas, como el aviso y la declaración jurada. Acá tenemos una mezcla de simplificación administrativa y creación de nueva regulación. Esta última modalidad de mejora normativa, por cierto, se vio patente en la nueva ley que consagró la Internet como servicio público de telecomunicaciones, pues innovó en el ordenamiento jurídico con nuevas reglas y obligaciones.
Pero en nuestro entorno TIC no basta con la mejora regulatoria; es necesario también el fomento estatal. El sector público no puede limitar su papel al adelgazamiento de la regulación, olvidando el estímulo y empuje que requieren las Tecnologías de la Información y la Comunicación. No porque sea un ecosistema rezagado, sino porque nos puede llevar muy alto en términos de desarrollo país, si es que le exigimos el rendimiento adecuado. Al efecto, la legislación chilena de telecos es una vieja sabia. Le entrega al gobierno no sólo la tarea de controlar, estructurar y organizar las comunicaciones del país. También le asigna funciones de fomento, orientación, coordinación y desarrollo del sector según una determinada planificación público-privada.
Los subsidios para el despliegue de redes son un claro ejemplo de fomento público. Chile no habría cosechado el éxito en materias de reducción de brecha tecnológica y de transformación digital sin la concurrencia del subsidio fiscal. También es una acción de fomento el “Plan Nacional de Data Centers”, impulsado recientemente por el gobierno. El objetivo es apoyar la construcción de centros de procesamiento de datos, así como la exportación de servicios basados en conocimiento, software, Inteligencia Artificial y tecnologías del futuro.
Pocos meses antes, Google había sufrido la paralización judicial de la construcción de un datacenter cerca de Santiago, pese a tener el permiso aprobado. Por lo tanto, el espaldarazo del gobierno a la industria tecnológica pone de relieve la importancia del fomento público, en especial mediante señales políticas. La noticia es digna de celebración.
Sin embargo, ¿cuándo oiremos acerca de un plan nacional de antenas? Porque existen cerca de 25 mil sitios móviles en todo Chile, pero falta implementar 30 mil adicionales para satisfacer la creciente demanda de conexiones 5G. Pero el Congreso Nacional nada a contracorriente cuando discute una reforma legal que complejiza la instalación de antenas en áreas rurales. Varios cálculos estiman que el proceso de autorización de una torre de telecomunicaciones demora 20 meses en promedio. Esto significa que una comunidad rural deberá esperar casi dos años para recibir la conectividad desde que el operador inicie el peregrinaje permisológico, si es que no median cambios a la iniciativa legal.
Al respecto, Perú acordó un mix entre fomento y mejora normativa. Estableció un procedimiento administrativo de aprobación automática de la infraestructura para antenas, aunque sujeto a fiscalizaciones posteriores, multas y caducidad. En esto vemos el rostro humano de la simplificación regulatoria y del incentivo público a la inversión. Los tomadores de decisión chilenos debieran tomar nota de esta experiencia de la nación vecina. Y para quedar más convencidos, nada mejor que discutirlo con un buen ceviche y un pisco sour.
