El proceso para abrir negocios en San Luis Potosí enfrenta demoras significativas, reconocidas por la propia directora de Desarrollo Económico municipal, Korina Toro. Aunque no existe un plazo definido para la obtención de licencias, se estima que el trámite puede tardar entre seis y doce meses, dependiendo del giro comercial y el tamaño del negocio. Esta falta de certidumbre ha generado críticas por parte de organismos empresariales, que señalan una burocracia excesiva, duplicidad de trámites y lentitud institucional.
Toro admitió que estas demoras representan un obstáculo para la inversión y que se está trabajando en soluciones a través de una mesa colegiada y la Comisión de Mejora Regulatoria. Sin embargo, no se ofreció un promedio de días ni indicadores concretos de avance. La ausencia de métricas dificulta la evaluación ex ante y ex post del impacto regulatorio, lo que perpetúa un entorno poco competitivo y desincentiva la formalización de nuevos emprendimientos.
La crítica empresarial apunta a una falla estructural del Estado local: sin coordinación interinstitucional ni procesos estandarizados, cada solicitud se convierte en un caso aislado, sujeto a interpretaciones y tiempos variables. Esto contradice los principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas que deberían regir la administración pública.
Aunque se reconoce la voluntad de mejora, el artículo revela una brecha entre el discurso institucional y la experiencia ciudadana. La falta de un portal único, indicadores públicos y mecanismos de consulta vinculantes limita la capacidad de los inversionistas para planear con certeza y participar en la mejora del entorno regulatorio.
En suma, el retraso en trámites no solo es un problema técnico, sino una señal de debilidad institucional que afecta la competitividad local y el derecho ciudadano a un Estado eficiente y accesible.
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