El bloque legislativo de Morena y sus aliados en el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la cual permite al Gobierno federal omitir la consulta pública de sus iniciativas regulatorias—incluidas aquellas con alto impacto económico o social—hasta el momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Bajo el argumento de simplificar procesos administrativos, esta medida suprime el periodo previo en el que los sectores involucrados solían revisar y opinar sobre los anteproyectos regulatorios. Este mecanismo previo había sido esencial para alertar sobre posibles desequilibrios entre beneficios y costos en las nuevas regulaciones.
La reforma también contempla la desaparición de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), institución que durante más de 25 años operó como principal espacio para la transparencia normativa a través de su portal de anteproyectos.
El artículo 36 de la nueva ley establece que ocho categorías de documentos quedarán exentas del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Entre ellas se encuentran decretos, reglamentos e iniciativas presentadas por los titulares del Ejecutivo federal y de los estados, así como normas relacionadas con salud, medio ambiente, servicios públicos, contratación gubernamental, obras públicas, y seguridad pública o nacional.
Además, las funciones de la Conamer, junto con las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), serán transferidas a la recientemente creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, entidad que concentrará las atribuciones en materia de mejora regulatoria y digitalización gubernamental.
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