Con 75 votos a favor y 37 en contra, el Senado de la República avaló la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, impulsada por Morena y sus aliados. Esta normativa busca modernizar los procesos gubernamentales mediante la digitalización total de trámites y el uso obligatorio de la plataforma Llave MX.
Uno de los puntos más relevantes es la transformación de la CURP en una identificación oficial, con la capacidad de almacenar datos sensibles como huellas digitales, fotografías y escaneos de iris. Esta información será centralizada en una nueva base nacional administrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituirá a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Sin embargo, especialistas en ciberseguridad han expresado su preocupación ante el almacenamiento masivo de información personal y biométrica en una sola plataforma gubernamental. Gonzalo Rojon, de The CIU, destacó que “aunque una identidad digital más moderna y segura puede ser positiva, el desafío radica en que México carece de un marco legal sólido y de medidas robustas de protección de datos”.
Otro aspecto que ha generado polémica es el expediente ciudadano, una herramienta que integrará el historial de trámites de cada persona, vinculando la CURP digital con diversas bases públicas. Para la senadora Alma Carolina Viggiano Austria, esta iniciativa representa una concentración excesiva de facultades y eleva significativamente el riesgo de vulneraciones a la privacidad.
Además, la ley permite que esta base de datos sea utilizada para fines de seguridad, localización de personas y generación de alertas en tiempo real, lo que ha despertado inquietudes sobre posibles usos indebidos o con fines políticos.
En el ámbito empresarial, la reforma contempla una nueva versión del PANAUT, que obliga a las compañías de telecomunicaciones a recopilar y entregar datos biométricos de sus usuarios. Según Rojon, esto implicará altos costos operativos que podrían ser transferidos al consumidor.
Por su parte, Víctor Ruiz, director ejecutivo de Silikn, advirtió sobre la limitada capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de estos datos: “Las consecuencias de comprometer información biométrica son prácticamente irreversibles, ya que no puede ser reemplazada”.
No responses yet