El 17 de julio de 2025, México despertó con un nuevo marco jurídico tras la publicación de once decretos presidenciales en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Estas reformas, aprobadas previamente por el Congreso de la Unión, modifican más de 27 leyes y crean cinco nuevas, abarcando temas clave como seguridad pública, telecomunicaciones, identidad civil, competencia económica y mejora regulatoria.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la implementación obligatoria de la CURP biométrica, que será requisito para realizar trámites en todo el país. Se establece la creación de una Plataforma Única de Identidad, con monitoreo en tiempo real y obligaciones para instituciones públicas y privadas de reportar movimientos relacionados con personas desaparecidas.
También se expide la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que abroga la Ley General de Mejora Regulatoria y crea la Agencia Nacional de Transformación Digital. Esta medida busca simplificar procesos administrativos y fortalecer la digitalización gubernamental.
En materia de seguridad, se promulga la Ley de la Guardia Nacional, que consolida su operación bajo control de la SEDENA, y se expiden leyes para el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, con facultades ampliadas para el acceso a registros públicos y privados.
Otros decretos reforman leyes sobre operaciones financieras ilícitas, desarrollo social, vida silvestre, competencia económica, infraestructura ferroviaria y telecomunicaciones. En conjunto, estas disposiciones marcan un giro hacia un modelo de gobernanza más centralizado, digital y orientado al control institucional.
La entrada en vigor de estas reformas inicia una etapa de adecuaciones legales y operativas en todos los niveles de gobierno, con implicaciones profundas para ciudadanos, empresas y organismos públicos.
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