El “reemplazo masivo del personal de la Conagua”, con base en procesos de evaluación ciudadana y en la identificación de conflictos de interés.
El “reemplazo masivo del personal de la Conagua”, con base en procesos de evaluación ciudadana y en la identificación de conflictos de interés, forma parte de las recomendaciones de especialistas de instituciones académicas y organizaciones civiles incluidas en la Agenda Socioambiental 2024, presentada en días recientes.
En el capítulo “Agua: oportunidades para una reforma estructural transformadora”, el documento señala que la respuesta a los problemas hídricos en México es uno de los grandes pendientes que deja la administración federal que termina en septiembre.
Recuerda que el Plan Nacional Hídrico 2020-2024 planteó entre sus ejes temáticos garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, especialmente en la población más vulnerable, así como aprovechar eficientemente el agua para contribuir al desarrollo sostenible de los sectores productivos y mejorar las condiciones para la gobernanza del agua a fin de fortalecer la toma de decisiones y combatir la corrupción.
“No obstante, estos propósitos fueron obstaculizados por grupos favorables a los intereses corporativos enquistados en la Conagua. Ellos y sus aliados en el Congreso se opusieron al cumplimiento por parte del Legislativo del mandato constitucional de reemplazar la Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Agua centrada en el derecho humano al agua y al saneamiento”, señala.
“Al interior de la Conagua estos grupos bloquearon los cambios estructurales necesarios en temas como: el acceso a la información; la transparencia en el sistema de concesiones y la mejora regulatoria; así como los procesos de democratización que se esperaban”.
Elaborado, entre otros, por Elena Burns, quien se desempeñara en esta administración como subdirectora de la Conagua, el capítulo advierte que, desde la creación de la Comisión en 1989, en la administración de Carlos Salinas de Gortari, el patrimonio hídrico del país quedó en manos de una institución vertical y opaca, que permite el estallido de crisis prevenibles que intenta resolver con megaobras.
“Esta institución está dirigida por ‘feudos’ conectados con grupos de interés, situación que pone en riesgo la viabilidad hídrica del país”, indica.
“De cara al próximo sexenio, es importante señalar que los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador de limpiar a la Conagua fueron infructuosos”.
Alerta además sobre la escasa capacidad de vigilancia de la Conagua. Detalla que cuenta con unos 100 inspectores para cubrir más de 514 mil concesiones en todo el país, y cuando llega a aplicar una sanción, agrega, el contaminador se ampara y el área jurídica de la Comisión no litiga el caso.
El documento subraya la necesidad de reemplazar la actual Ley de Aguas Nacionales con una Ley General de Aguas, para sentar las bases para el acceso equitativo y sustentable al recurso, así como de poner fin a la venta de concesiones, al sobreconcesionamiento y acaparamiento y elaborar planes metropolitanos para poner fin a fugas y al “huachicoleo”.
Llama a otorgar presupuesto suficiente a las tareas de inspección y resarcimiento de daños y a buscar que los recursos de derechos y sanciones se dediquen a la restauración de los recursos hídricos.
