La iniciativa de ley busca dar certeza jurídica a los particulares para cumplir sus obligaciones fiscales y a la autoridad, en la manera en que realiza su actividad recaudatoria y fiscalizadora.
La iniciativa de ley Hacendaria Municipal para el Estado de Guanajuato busca dar certeza jurídica a los particulares para cumplir sus obligaciones fiscales y a la autoridad, en la manera en que realiza su actividad recaudatoria y fiscalizadora. Éste lunes se realizó una mesa de trabajo en el congreso para discutirla
Fue analizada en comisiones unidas de Hacienda y Fiscalización, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde el representante de la Coordinación General Jurídica, Vicente Vázquez Bustos confirmó que es necesaria la actualización del marco normativo referente a aspectos de la práctica hacendaria por buscar que todas las contribuciones fiscales recaigan en un mismo ordenamiento y que ésta sea eficaz en su aplicación.
Luego, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Isaías Arévalo Rangel, comentó que para fortalecer la seguridad jurídica de los contribuyentes se considera pertinente definir con claridad cada impuesto, derecho o contribución, sin utilizar fórmulas que dificulten su comprensión.
Gustavo Sánchez Guerrero, de la Auditoría Superior del Estado, compartió que de las conclusiones del estudio y análisis correspondiente, la propuesta no se contraponía a las atribuciones de la Auditoría Superior estatal, al no detectarse vinculación directa en materia de transparencia, fiscalización o gestión financiera.
La titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, Belén del Rocío Espinoza Aguirre apuntó que el nuevo ordenamiento se traduce en mejores herramientas de legalidad y de certeza jurídica en la interrelación fiscal de autoridad; incluso dijo que se generan normas claras, trámites y servicios simplificados en beneficio de los ciudadanos, con un menor costo o impacto posible para las finanzas públicas.
Abundó que la aprobación de esta nueva ley implica adecuaciones administrativas para los municipios en lo que refiere a formatos y referencias normativas dentro de los sistemas de cobro, junto a que por el momento el efecto no es cuantificable dado que depende de las características particulares de cada municipio y del nivel de su eficiencia recaudatoria y fiscalizadora que se identificarán a través de un diagnóstico de mejora regulatoria.
